Resumen: La demanda de juicio verbal tenía por objeto una reclamación de cantidad -saldo de un préstamo personal- dirigida contra una persona física, de manera que la competencia territorial venía determinada con carácter imperativo por el domicilio del demandado. Admitida a trámite la demanda, la citación para juicio se intentó infructuosamente en el domicilio indicado. Las diligencias de averiguación ordenadas por el Juzgado lo confirmaron, aunque también proporcionaron otro, registrado con anterioridad, en un partido judicial distinto, en favor del cual se inhibió a continuación el juzgado, tras dar audiencia a la demandante y al Ministerio Fiscal. El segundo juzgado no acepta la inhibición y plantea conflicto negativo que la audiencia resuelve afirmando la competencia del primera juzgado, puesto que no existe constancia de ningún otro posterior a la presentación de la demanda. Perpetuación de la jurisdicción: para que resulte competente un Juzgado diferente de aquel que conoció de la petición inicial es necesario acreditar que el domicilio actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real o efectivo en el momento en que se presentó la demanda.
Resumen: La Audiencia estima el recurso de apelación, se revoca el auto y se desestima la demanda formulada por Modesto. Se fundamenta en que el procedimiento de jurisdicción voluntaria no era el trámite procesal adecuado para modificar el régimen de guarda, visitas y contribución de alimentos del menor, previamente establecido por la sentencia de guarda y custodia. Añade que debió tramitarse un procedimiento de modificación de medidas definitivas, con las características del procedimiento contradictorio que le corresponden.
Resumen: Se impugna la resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de La Rioja por la que se convoca los procesos excepcionales de estabilización de empleo para las plazas de personal funcionario, laboral y laboral fijo discontinuo, y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria. La Sala de lo Social estima la excepción de incompetencia de la jurisdicción social ya que la competencia para su enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo.
Resumen: Presentada una demanda de tutela de la libertad sindical por una organización sindical y varios afiliados en su propio nombre y derecho frente a la empresa ESPASA CALPE, S.A, la Audiencia Nacional con cita de consolidada doctrina jurisprudencial y de la propia Sala declara su falta de competencia pues los actos que se califican como constitutivos de una conducta antisindical se circunscriben a los centros de trabajo de Madrid en los que los demandantes ostentan el cargo de representantes de los trabajadores.
Resumen: Citación judicial de aforado. Auto de admisión a trámite de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para la investigación de un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos y que motivó la citación de una persona no aforada. La condición de aforado, como garantía constitucional, tiene como finalidad evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar la composición o funcionamiento de las Cámaras de representantes políticos. No se observa ninguna lesión del derecho de defensa: la resolución recurrida garantiza este derecho en su máxima expresión pues allí se le informa de la existencia de esta causa, se le ofrece la posibilidad de constituirse en parte, se le permite tomar conocimiento de todas las actuaciones, se le habilita para aportar documentos o proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa, así como de declarar voluntariamente solo para el caso en que así lo considerara conveniente. Ningún indicio incriminatorio puede obtenerse, deducirse ni inferirse de la inasistencia del aforado a una citación a la que se le ofreció comparecer voluntariamente.
Resumen: La Audiencia desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negaba la autorización para decidir en solitario el cambio de domicilio y centro escolar de los menores. La resolución confirma que, según la sentencia de divorcio, cualquier traslado que aleje a los menores de su entorno habitual requiere el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial. La Audiencia argumenta que el interés superior de los menores debe prevalecer, y que no se ha demostrado que el cambio de residencia y escolarización a otra localidad sea beneficioso para ellos, dado que han estado integrados en su actual entorno desde su nacimiento. Además, se destaca la falta de pruebas que respalden la idoneidad de los nuevos centros propuestos.
Resumen: Se desestima el recurso de la Letrada de la Administración de Justicia condenada. La queja de falta de competencia por corresponder al Jurado el conocimiento del delito de infidelidad en custodia de documentos, no se ajusta al Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del TS de 9 de junio de 2016, al ser la cuestión ajena al cauce casacional del art. 849.1 LECrim. Fue, además, correctamente resuelta, pues el art. 5 LOTJ establece como concreta excepción a la extensión del conocimiento del Jurado a los delitos conexos, el delito de prevaricación. Las conductas descritas en el factum colman los elementos del art. 173.1.2 CP, al haber realizado en el ejercicio de su actividad laboral y funcionarial y siempre prevaliéndose de su superioridad jerárquica que ostentaba frente a los funcionarios afectados, de forma reiterada, actos hostiles o humillantes que sin necesidad de llegar a constituir un trato degradante, suponen un grave acoso frente a los mismos. La punición en concurso real de los delitos de infidelidad y de prevaricación no vulnera el non bis in idem. Son dos delitos claramente diferenciados, contenidos en dos títulos diferentes de la Parte especial del CP y se protegen bienes jurídicos distintos. En el primero, el adecuado ejercicio de las funciones públicas por parte de todo funcionario. En el segundo, prevalece la protección del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y la tutela judicial que se debe dispensar a todo el que acude a una sede judicial.
Resumen: La Sala declara de oficio su incompetencia funcional para conocer de un recurso de suplicación contra una sentencia de instancia dictada en proceso de impugnación de acto administrativo en materia no laboral cuya cuantía litigiosa no exceda de 18.000 €, pues lo impugnado es una sanción impuesta que no guarda relación con ninguna prestación del sistema público de seguridad social. Se trató de una sanción impuesta a la empresa recurrente por obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo cuando pretendía comprobar la existencia de trabajadores por cuenta ajena con los que no se había suscrito contrato de trabajo.
Resumen: La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declara su falta de competencia objetiva para conocer de la demanda interpuesta por el sindicato CGT - Andalucía Ceuta y Melilla contra CGT sobre impugnación de acuerdos sindicales, pues los acuerdos impugnados no exceden de la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Resumen: Se declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de una demanda sobre ejecución de recargo de prestaciones y capital coste del recargo de prestaciones, al corresponder su enjuiciamiento al orden contencioso-administrativo. La Sala transcribe la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción, núm. 1/2019, de 29 de abril y señala que prevalece el procedimiento de recaudación tramitado por la TGSS cuando el recargo había sido reconocido previamente por la propia Administración; y ello porque en estos supuestos, en los que el procedimiento judicial en lo Social es posterior al reconocimiento en vía administrativa del recargo, cuando ya se está tramitando un procedimiento de recaudación; la ley no concede al trabajador un derecho a percibir una suma a tanto alzado o una capitalización anticipada del recargo, sino el porcentaje que se determine sobre la prestación periódica reconocida como consecuencia del accidente laboral o de la enfermedad profesional.
